Cooperativas de vivienda en Uruguay: La respuesta para los SIN TIERRA urbanos


En la multicrisis actual nos enfrentamos a profundas dificultades que afectan severamente al conjunto de las sociedades en el ámbito global, especialmente desde la perspectiva económica, política y social. En este sentido, el acceso a la vivienda representa un problema histórico, tradicionalmente más urgente en los países emergentes.

Sin embargo, en España, tras los estragos causados por el estallido de la burbuja inmobiliaria e hipotecaria de la última década, el déficit habitacional alcanza cada vez a una mayor parte de la población, y lo mismo sucede en otros países europeos desarrollados.

Podríamos decir que, ahora más que nunca, nos encontramos ante una fase impostergable de reflexión colectiva que exige, por un lado, encontrar soluciones alternativas, y, por otro, dar un salto desde el mundo de las ideas, necesidades y deseos, hacia el de la realidad práctica, tangible y posible. 

Sin ir más lejos, el problema del hábitat y las cooperativas (tanto de profesionales como de vivienda) fueron algunos de los temas debatidos en las mesas redondas del I Congreso del Sindicato de Arquitectos “Nuevas visiones para nuevos tiempos”, celebrado en Madrid el pasado 26 de noviembre.

En este marco general, varios motivos nos han impulsado como arquitectas e investigadoras a estudiar y compartir el caso de las cooperativas de vivienda en Uruguay. El primero, porque creemos que resulta conveniente nutrirnos de experiencias positivas que nos aporten referencias concretas, sirviendo este ejemplo como una buena práctica pionera en materia de autogestión y vivienda social, que cuenta con una valiosa trayectoria de más de cuarenta años.

El segundo, porque es un ejemplo paradigmático de cómo los técnicos pueden trabajar exitosamente al servicio de la población ‘con y para la gente’, atendiendo la complejidad de la problemática habitacional de forma integral con equipos interdisciplinares, un tema clave que está sobre la mesa en los debates y en los discursos sociales y políticos más actuales, y que tantas dudas generan, sobre todo por el desconocimiento de prácticas que las hagan efectivas.

Por último, y no menos importante, el compromiso que asumimos de difundir una síntesis de las dos últimas conferencias impartidas en Granada por el ingeniero Benjamín Nahoum y el arquitecto Raúl Vallés – dos de los más destacados referentes en vivienda social y cooperativismo de vivienda en Uruguay -, momento en que tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y entrevistarlos. Aprovechamos este medio para agradecerles públicamente su buena disposición y el enorme entusiasmo que nos transmitieron.

En este artículo de introducción, nos referiremos sucintamente a los aspectos esenciales que caracterizan al sistema cooperativo de vivienda uruguayo, para dar una visión general acerca de en qué consiste y cuáles son sus principales virtudes. Anunciamos que cada uno de estos temas será profundizado en los posteriores artículos que publicaremos en este medio, entretejiendo análisis y síntesis de las conferencias mencionadas, y ampliando la reflexión a otros contextos, en los que han surgido respuestas relacionadas.

En América Latina, hasta ahora, el modelo uruguayo se ha reproducido en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, adecuándose y reinventándose según las particularidades de cada caso. 

En España pensamos en cooperativas de vivienda como Sostrecivic en Barcelona, Oikoop en Madrid y La Cooperativa de Huetor en Granada. Otras iniciativas europeas interesantes son Luis Labín en Burgos, Sargfabrik y Miss Sargfabrik en Viena, e iniciativas como las de Notre Atelier Commun en Boulogne sur Mer, Beaumont en Ardèche, Tourcoing y Marsella.

Las cooperativas de vivienda suponen un subsistema colectivo y organizado de lo que en Latinoamérica se conoce como ‘Producción Social del Hábitat’, definido por Enrique Ortiz como “todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. […] las modalidades autogestionarias incluyen desde la autoproducción individual espontánea de la vivienda hasta la colectiva que implica un alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de otros componentes del Hábitat”. 

La vivienda es concebida como un concepto más amplio de hábitat residencial, trasciende la idea de objeto y se entiende como un proceso de elaboración continua, considerando aquellos elementos, servicios y espacios de proximidad necesarios vinculados intrínsicamente al habitar.

Hacia 1966, surgen las tres primeras experiencias-piloto de cooperativas de vivienda en Uruguay, promovidas por el CCU (Centro Cooperativista Uruguayo), cuyo éxito será el mejor antecedente. El origen formal e institucionalizado del modelo es posterior, y se da con la Ley Nacional de Vivienda aprobada en Uruguay en 1968, para atender la promoción de programas de vivienda social. 

Dicho marco jurídico incluye a las cooperativas de vivienda según los principios del cooperativismo, y las define específicamente como sociedades que “tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda”.

El primer aspecto a destacar es que el modelo cooperativo se incluye en la Ley para dar solución habitacional a los sectores de población que por su situación económica se ven impedidos de acceder a una vivienda de las que oferta el mercado, por consiguiente responde a una necesidad básica de los sin tierra urbanos, como indica el título del artículo. 

Por esto, el rol del Estado es esencial, porque se encarga de supervisar y financiar las viviendas, en cumplimiento de garantizar a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna. A través del banco de tierras del Estado, una vez que las familias reciben el crédito, acceden a un terreno de uso urbano, provisto de los servicios necesarios para la construcción de una vivienda (saneamiento, luz, agua potable, etc.). 

Este mecanismo favorece que el crecimiento de la ciudad concuerde con lo planificado, evitando que las familias de menores recursos se asienten en los terrenos periféricos que suelen ser más baratos y no en los más adecuados.

La autogestión y la solidaridad representan los pilares en los que se funda el cooperativismo uruguayo. La propia gente es la que se organiza y la que toma las decisiones, movida desde la base por una necesidad común, para resolverla de forma colectiva. 

En Uruguay se han extendido principalmente dos grandes tipos de cooperativas de vivienda que varían según su forma de gestión: las de ‘ahorro previo’ en las que los interesados contribuyen con una parte del capital necesario para construir (agrupados en FECOVI, Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo) y las de ‘ayuda mutua’ en las que la gente aporta su mano de obra y trabajan en la construcción de sus viviendas (agrupados en FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua). 

Por otra parte, existen dos regímenes de tenencia, en el individual cada familia es propietaria de su vivienda, y en el colectivo las viviendas son propiedad de las cooperativas y las familias asumen el derecho al ‘uso’, e incluso la deuda la afronta la comunidad. En el caso de FUCVAM y FECOVI, el modelo es la propiedad colectiva.

El rol de los técnicos también es indispensable y por eso la ley igualmente incluye la figura‘indisoluble, necesaria e imprescindible’ de los IAT (los institutos que los agrupan), integrados por profesionales de la arquitectura, ingeniería, contabilidad, legislación y trabajo social -entre otros-, formados como equipo para asesorar y acompañar a los cooperativistas en cada una de las fases, muy especialmente en la capacitación y toma de decisiones. 

Según las exigencias de la legislación, una cooperativa debe tener contratado un IAT previamente a la gestión del crédito, y éstos, a su vez, deben ofrecer sus servicios sin fines de lucro o especulativos (los técnicos cobran honorarios que cubren exclusivamente el valor de su trabajo, sin que se generen excedentes o lucro).

Autoras: Fiorella Russo & Eva Chacón

Fuente: LA CIUDAD VIVA

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